La inseguridad pública que vive México desde principios de este siglo, exige un replanteamiento en la política criminal (preventiva y persecutora) que reconozca el derecho de autodefensa, en casos excepcionales, mediante la participación de la ciudadanía. La propuesta no es utópica, corresponde a un contexto social verificado en el Estado de Michoacán, México, con acciones e instrumentos jurídicos del Estado al servicio del pueblo para combatir la delincuencia organizada y con un reconocimiento jurisdiccional. Además, respaldada por los protagonistas principales de este movimiento.
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